El diputado Carlos Heller presentó el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social
La actividad financiera como un servicio público
"Se concibe la ley como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos", dice Carlos Heller, del Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario. Este proyecto apunta al corazón de la concentración del capital.
El proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, presentado por los diputados nacionales Carlos Heller y Martín Sabbatella, por el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, con las firmas también de los diputados Jorge Rivas, Vilma Ibarra, por el Bloque Proyecto Progresista, la diputada Nélida Belous y por el Bloque Partido de la Concertación-Forja, la diputada Silvia Vázquez.
En cuanto a los ejes del proyecto, es esencial la definición de la actividad financiera como un servicio público y la concepción de la ley a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Todo esto naturalmente viene a resolver la tamaña injusticia de las modificaciones legales que tuvieron lugar durante la última dictadura y las aplicadas en los años del neoliberalismo menemista.
Prevé elevar el crédito a las pymes a cuarenta por ciento del total de financiaciones al sector privado, fija topes a la tasa de interés y condiciona la participación de entidades extranjeras.
“Se concibe la ley como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos”, explica Heller. La iniciativa propone además que sea obligatoria la garantía estatal de los depósitos y triplicar su monto (de treinta mil en la actualidad a cien mil pesos).
Asimismo, el proyecto señala que el Banco Central deberá monitorear que ninguna entidad financiera privada supere una participación de ocho por ciento en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos. Según Heller, ese tope «no modificará la situación actual, pero evitará que el sistema avance a una mayor concentración».
Por otra parte, el proyecto impulsa la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central y un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros en cada entidad financiera.
En materia crediticia, el proyecto encomienda al Banco Central establecer un listado de «servicios esenciales» que las entidades deberán ofrecer a los sectores de menores ingresos de la población, que deberán ser prestados sin costo o con un nivel máximo de comisiones.
Por su lado, las entidades financieras deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos de 38 por ciento del total de su financiamiento al sector privado y dos por ciento a los microemprendimientos. Así, las tasas de interés máximas para préstamos a Mipyme y créditos personales de hasta cien mil pesos «no podrán superar en más de cinco por ciento a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento», subraya Heller. «Tengamos en cuenta el peso que tiene en ese ponderador la banca pública, que representa cerca de cuarenta por ciento de los préstamos del sistema financiero», agrega el diputado, que a la vez recuerda que la ley que rige en la actualidad fue sancionada en 1977: “En realidad es un bando de la dictadura, que no tenía capacidad para dictar leyes».
Para Heller, es importante rescatar que el proyecto apunta a «fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios», proteger los depósitos de pequeños y medianos ahorristas e impulsar el financiamiento productivo. Por otra parte, se establecen disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de que los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades financieras.
Entre otros puntos, se apunta también a regular las operaciones en moneda extranjera, de modo que los depósitos en divisas se apliquen a operaciones de deudores con ingresos en esas monedas, y se deja un margen de diez por ciento para préstamos a pyme y de inversión con capacidad cancelatoria.
Se incorporan criterios más restrictivos para la actuación de las entidades de capital externo en el sistema local. Por eso, dice Heller, la iniciativa prevé que sea el Poder Ejecutivo y no el Banco Central el que autorice nuevas inversiones externas en el sector, y contempla restablecer el criterio de reciprocidad con los países de origen.
Además, la banca extranjera quedaría obligada a poner en conocimiento del público los supuestos en que su grupo accionario no respalde en su totalidad las operaciones realizadas en el país. “Esto es para evitar casos como el que atravesamos en 2002”, advierte Carlos Heller.
El criterio es que la actividad financiera es un servicio público para facilitar transacciones, ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, contribuyendo a su desarrollo económico y social, que permita orientar el crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y creando un Código de Conducta para las entidades.
Otro aspecto de mi particular interés, señala el diputado, es el de impulsar el financiamiento productivo, sobre todo de las pymes, promover el crédito para vivienda y consumo de personas y grupos familiares y alentar la distribución regional equitativa de la actividad financiera.
