Comunicado de prensa
Colectivo Radio Gráfica
El 02 de febrero último entró en vigencia un fallo de la Jueza Olga Pura de Arrabal, de la Ciudad de Mendoza, que suspende la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante una presentación del diputado nacional mendocino Enrique Thomas.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional apeló dicho fallo, encontrándose en la actualidad el trámite judicial en la Cámara de Apelaciones de la mencionada provincia, quien deberá expedirse en un tiempo que no puede anticiparse.
El argumento para paralizar la implementación de una Ley antimonopólica, reclamada durante un cuarto de siglo y elaborada por los más diversos actores sociales durante más de cinco años, es que la norma no tuvo la debida legalidad durante el trámite parlamentario.
El fundamento cae por su propio peso, cuando la Ley contó con un amplio proceso de debate en ambas Cámaras, en las Comisiones y en el Recinto, y estuvo precedido de Audiencias Públicas donde todos los sectores involucrados expresaron sus puntos de vista y de allí surgieron aportes que fueron incorporados en el texto que finalmente se aprobó.
La Jueza pretende congelar la ley de la democracia, burlar los derechos de las organizaciones sociales y la propia voluntad de 147 diputados y 44 senadores, que con su voto hicieron ley una de las aspiraciones democráticas más sentidas de la sociedad: democratizar las comunicaciones audiovisuales concentradas por cuatro grupos monopólicos, que desde hace treinta años son dueños absolutos de la palabra y las imágenes, de lo que se habla y se muestra y de lo que no, y han acumulado el poder necesario para poner y sacar gobiernos a su antojo.
La jueza, de acreditados vínculos con uno de los monopolios mediáticos, parece abonar a la Ley de Radiodifusión de la dictadura votada por nadie, cuando en la Argentina existían 350 campos de concentración y la desaparición de personas y el robo de bebés era moneda corriente, y sus autores están condenados por crímenes de lesa humanidad.
Este fallo judicial constituye una violación al derecho a la comunicación y la libertad de expresión, un verdadero “piquete” al derecho de las organizaciones sociales de ser emisores de la comunicación audiovisual.
También expresa que la estrategia del poder económico y los grupos concentrados de la comunicación es desviar hacia el terreno judicial aquello que han perdido en el terreno político, haciendo “un pito catalán” hasta las propias recomendaciones de algunos de los ministros de la Corte Suprema: “no hay que judicializar los temas que deben resolverse políticamente”.
Desde algunos sectores nacionales se sostiene, con buena intención, que la suspensión de la Ley 26.522 es por responsabilidad del gobierno nacional, quien no realiza campañas de difusión pública y no acciona lo suficiente sobre el Poder Judicial.
Sin embargo, nos preguntamos: ¿Por qué devolverle la pelota a quienes tuvieron el coraje y la valentía de asumir como propio un proyecto nacido en la base social, mucho más cuando el oficialismo lo sostuvo en ambas cámaras y una vez aprobado lo promulgó de inmediato?
¿No será el momento de mirarnos a nosotros mismos e interrogarnos acerca del rol de las organizaciones de la sociedad en esta coyuntura?
Quizá hay llegado el momento de dejar atrás la inercia del verano y asumir que la implementación de la ley, la democratización efectiva de las comunicaciones, no es un problema legal, sino que estará en directa vinculación con la correlación de fuerzas que logremos forjar a nuestro favor: volver a unir el abanico de fuerzas sociales y políticas que se puso en movimiento al momento de la sanción en el Congreso.
Contamos para ello con una ley aprobada a nuestro favor.
Desarmar los monopolios, desarticular a los que dominan e imponen las ideas, los conceptos y las imágenes sociales no será tarea sencilla. Lo haremos a condición de recrear este sueño colectivo de creer en nosotros mismos.
La batalla por hacer cumplir nuestra ley, por sacarla del pantano judicial, es decisiva para la democratización de la sociedad. No es posible imaginar una Argentina con distribución de la riqueza y la cultura, si antes no logramos democratizar la palabra.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010
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