Ley de Medios en el Congreso: Discurso del diputado Eduardo Macaluse
No podemos creer nada de lo que se lee en un periódico. La misma noción de verdad resulta sospechosa cuando está inmersa en ese transmisor de polución.” Esta frase no es de Hugo Chávez, El Khadafi o Evo Morales… (Aplausos.) …sino del presidente Thomas Jefferson, que curiosamente es reconocido por otra frase que indica el enorme respeto por la independencia de la prensa libre.
Cito esta frase que él le escribe a un amigo y es citada por Giovanni Sartoni en Homo Videns porque expresa la ambivalencia y la pulsión del hombre que está en el poder, la tentación de no ser controlado.
También podría citar frases que un siglo después pronunció William Randolph Hearst, dueño de varios medios en los Estados Unidos. Él había mandado un dibujante a Cuba para tomar imágenes de lo que pensaban que debía ser la guerra, porque en ese momento no había fotógrafos. El dibujante le dice: “Acá no va a haber guerra. Mándeme de vuelta porque estoy harto en Cuba.” Entonces él le contesta, mediante un telegrama: “Usted suminístreme los dibujos, que yo le voy a suministrar la guerra.”
Esa guerra se produjo porque se dio a conocer una noticia falsa. Por accidente había explotado una mina debajo de un buque -el Maine- y los medios que estaban bajo la órbita de Hearst y todos los otros medios reprodujeron en cadena la noticia de que había habido un atentado. O sea que Estados Unidos fue a la guerra por una noticia falsa.
No fue la única vez, porque siglos después se repitió esto con muchas otras guerras, casi con las mismas características, con la diferencia de que han existido avances tecnológicos.
Lo paradójico es que en lo tecnológico se producen avances, pero hay retrocesos en el tratamiento de las noticias. ¿Qué quiero decir con esto? Las disputas entre los hombres de poder y los dueños de los medios de comunicación no son un invento argentino, porque no nacieron ahora. Está en la naturaleza humana, porque el hombre que está en el poder no quiere que le pongan límites. Y nosotros, mediante la legislación, debemos ponerles límites a los hombres que están en el poder político.
Los hombres que son dueños de los medios de comunicación tienen la tentación y la pulsión de convertir ese poder en un poder ilimitado. Nosotros debemos ponerles límites. De eso se trata este proyecto de ley. En esto quiero ser minimalista; no tengo expectativas grandilocuentes, pero estoy absolutamente convencido de que la futura norma será una mejor ley que la que tenemos hoy en vigencia, que vergonzosamente proviene de una dictadura. No sólo nos avergüenza su procedencia, sino también su concepción ideológica y política.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar que quien está en el poder tenga un poder ilimitado. Debe aceptar ser limitado. También debemos evitar que quienes tienen medios de comunicación pasen a tener un poder ilimitado a través de la concentración.
Eso lo puede hacer y lo debe hacer la dirigencia política, y no la clase política. La clase política es una categoría impuesta por los medios para degradar justamente a aquellos que los deben regular. (Aplausos y manifestaciones en las bancas y las galerías.)
¿Cómo cumplimos nosotros con nuestra tarea? Discutiendo y debatiendo. Este proyecto de ley se viene discutiendo desde hace décadas. Lo vienen impulsando por fuera de las instituciones las organizaciones no gubernamentales con muchas luchas. Es la primera vez que nosotros institucionalmente avanzamos hasta este punto. Me parece que es muy bueno. Rompimos el tabú. Hablar de la ley de radiodifusión hasta hace tiempo estaba permitido como jueguito al costado de la tribuna, pero no se podía entrar a la cancha. Pero hoy entramos a la cancha a discutir estas cosas.
No debemos discutirla en términos de guerra santa, sino en términos de establecer regulaciones sensatas y racionales, teniendo en cuenta parámetros internacionales y legislación comparada, sobre todo de los países desarrollados y de los que muchas veces se ponen como paradigma de la democracia. Esto es lo que mínimamente hace esta norma. Y no me parece mal que lo haga.
¿Cuál es la tentación del oficialismo? Evitar que en la ley aparezcan controles que puedan limitar la pulsión de poder ilimitado de los gobernantes. Sobre esto nosotros, como oposición, tenemos la obligación de avanzar.
¿Cuál es la tentación de la oposición? Buscar el favor de los grandes dueños de los medios de comunicación, que no quieren ser regulados. Esto es lógico y natural. No nos tenemos que enojar con los dueños de los medios porque no quieren ser regulados. Simplemente tenemos que regularlos. Esa es la obligación que tiene el poder político. (Aplausos.)
Por eso esto no tiene que ser una guerra. De aquí debe salir una normativa racional y sensata. En las modificaciones siempre hay un doble estándar por parte del poder económico. Cuando el poder concentrado necesita –porque le conviene- tener cambios, lo que se dice es que hace falta una modernización legislativa para dar por tierra con las leyes vetustas. Y cuando no le conviene porque no quiere, porque se regula o porque se avanza sobre alguno de sus privilegios, se plantea la cuestión de la inseguridad jurídica.
Para algunas cosas el cambio legislativo, aunque lo hagan avasallando como ocurrió en los 90, es una modernización; para otras cosas, es inseguridad jurídica. Nosotros no tenemos que hacernos cargo de ese doble estándar; debemos tener uno solo. Tenemos que normar y regular, y nadie se va a morir por eso.
¿Por qué hay que reglar esta cuestión? Porque las disputas entre el poder político y el poder de los medios muchas veces se puede llevar puesto a un país. Y puede resultar peor cuando acuerdan, porque ni siquiera sabemos sobre qué han coincidido. Esto tiene que estar normado y reglado.
Que haya una autoridad de aplicación donde convivan representantes de distinta naturaleza y extracción rompe con el silencio, con la opacidad y con la oscuridad en la negociación. Esto es absolutamente claro e indiscutible: cómo se controla mejor y cómo se previene contra la opacidad y la oscuridad de las discusiones entre los dueños de los medios y los que ejercen el poder político con más gente.
¿Qué es mejor, tener un interventor que sea el que discuta y decida, o tener siete miembros, que son los que discutirán? Obviamente, los medios hacen su cuenta y dicen “hay siete”. El poder político puede cooptar, y son cinco a dos. También es arbitrario cinco a dos. Si cooptan todo, puede ser siete a cero.
Busquemos la legislación comparada. ¿Cuántos representantes tiene la autoridad de aplicación en Francia? Nueve. Tres los pone el presidente de la Nación , tres el presidente del Senado y los tres restantes, el presidente de la Cámara de Diputados.
En Estados Unidos hay cinco representantes, todos designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. ¿En Brasil cuántos hay? Cinco. A todos los nombra el presidente de la Nación. En Estados Unidos no puede haber más de tres de un mismo partido. Es decir que el Poder Ejecutivo tiene mayoría y dispone de ella. Esto no es ilógico porque el Poder Ejecutivo no sale por sorteo. (Aplausos.) De lo contrario vivimos repitiendo la frase de doña Rosa “¿No escucharon el mensaje de las urnas?”. Pero el mensaje de las urnas se da cada dos años y tiene la misma validez; no se trata de escucharlo sólo cuando a mí me gusta. (Aplausos.)
A fuerza de ser sincero, debo decir que a mí no me gustó el mensaje de las urnas de cuando ganó la presidenta actual. Pero me lo tengo que bancar porque esa es la regla elemental de la democracia. El mensaje de las urnas dice que hay una presidenta hasta 2011. Después habrá otro. Debemos respetar esto y tiene que gobernar.
Ahora bien, creo que se debe trabajar más profundamente sobre las reglas de control. No hemos logrado tener densidad y profundidad en el trabajo de control. En general los organismos de control son el botín que desde la oposición se plantea para generar un problema el Ejecutivo, que obviamente rechaza. Y después, cuando hay que hacer un trabajo, ni el oficialismo ni la oposición han trabajado con la fuerza suficiente como para que cada funcionario esté obligado a venir a rendir cuentas.
Creo que tendríamos que avanzar muchísimo en profundizar todo el sistema de controles cruzados, porque si no, terminaremos sancionando proyectos que no son malos, pero que después no servirán para nada.
Esta iniciativa es perfectible, y hemos propuesto modificaciones. Algunas apuntaban al corazón de la ley, y el oficialismo aceptó modificaciones sustanciales. Con respecto a los medios de comunicación, un día dicen que la presidenta dio marcha atrás e introdujo modificaciones al corazón del proyecto de ley, pero al día siguiente, la noticia es vieja y se afirma que no se modificó nada y que el proyecto no sirve.
Si se dio marcha atrás en cuestiones que atañen al corazón de la ley fue porque alguien las propuso y se aceptaron. Esto fija un hito, porque hasta ahora la tesis del actual y del anterior Poder Ejecutivo consistía en que ceder era perder; entonces, no se cedía un palmo, porque se tenían los votos. Ahora, los diputados oficialistas pueden demostrar que si ceden, ganan, lo que puede ser un buen augurio (Aplausos.)
Se planteaba el tema de las telefónicas y teníamos la preocupación de que se iba a crear un monopolio, con la posibilidad de negocios de gente allegada al Poder Ejecutivo. Ello se volteó y no podemos minimizar el cambio que se dio allí. Lo reconocemos y creo que es un avance en el proyecto de ley.
El otro tema que se planteó fue el del artículo 40, que sufrió varias modificaciones, y ahora es el Congreso el que tiene que decidir, lo que también es un avance.
Un tema en el que no hemos podidos avanzar, salvo acuerdos en el aire, es el de los tratados de protección de inversiones. Estos tratados los firmó el Poder Ejecutivo y los homologó el Congreso, con lo que les otorgó jerarquía supralegal.
Entre lo que se coloca en una ley y lo que figura en el tratado de protección de inversiones, vale esto último, se escriba lo que se escriba en la norma. Entonces, decimos que vamos a escribir en el agua, si no denunciamos los tratados de protección de inversiones, que entre otras cosas no sólo pueden generar un problema para el inversor nacional, sino que están destinados a generar un cepo para que no haya política económica soberana en la Argentina. Por eso hay que denunciarlos.
El procedimiento consiste en aprobar un proyecto de resolución por cada uno de los tratados, habiendo 54 firmados, de los que 38 ya están en condiciones de ser denunciados. Cada uno de ellos establece las condiciones en que el país puede denunciarlo.
La denuncia debe ser hecha por el Poder Ejecutivo en el plazo que establece cada tratado, y en algunos casos son diez años y en otros, quince. Esos 38 tratados están ultravigentes, porque no se ha procedido a la denuncia.
Entonces insto a que en la próxima sesión votemos los proyectos de resolución que solicitan al Poder Ejecutivo la denuncia de los tratados, a fin de no escribir límites de porcentajes accionarios que pueden llegar a no tener validez, si hay un solo tratado en vigencia.
Hemos trabajado en la iniciativa, pero creo que se podría haber trabajado más. Con una semana más habríamos llegado a sancionar un proyecto mejor. Habrá modificaciones que tendrá que introducir el Senado, porque no hemos trabajado bien en la comisión. Hay que señalar que el plazo de una semana que establece el artículo 113 del reglamento no es fortuito; es para que se puedan leer y formular correcciones, que no se han hecho.
Preferimos el contenido a la forma, pero la forma también es importante. Estoy seguro de que habrá modificaciones que introducirá el Senado, las que terminaremos aprobando por no haber trabajado con más tiempo.
De todas formas, estoy convencido de que es un avance, porque es mejor tener este proyecto, que establece controles cruzados de la democracia, que tener una ley que otorga un poder omnímodo a una sola persona para hacer negociaciones que por definición se hacen en la opacidad y oscuridad. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
