El uso de la tierra… ¿para qué y para quiénes?
(Ley de Arrendamientos)
La derecha utiliza todas sus herramientas para frenar cualquier avance sobre sus privilegios. Y el gobierno apuesta a desarticular el poder acumulado por la Mesa de Enlace, pero sin apuntar al tuétano de ese poder. La cuestión pasa por la capacidad de ejercer el dominio sobre el uso de la tierra, pero no para ampliar o democratizar el modelo agroexportador, sino para reformularlo: la tierra al servicio de las economías regionales, la familia campesina y la soberanía alimentaria. Además, todos los números del sector.
“La ley de arrendamientos es antidesarrollo para el sector agropecuario”. La frase, recientemente pronunciada en declaraciones públicas por el CEO del Grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, vino a cuento del proyecto cuyo debate en el Congreso Nacional naufragó días pasados cuando la avivada de Francisco De Narváez y la lentitud del bloque del FPV permitieron que la Mesa de Enlace encontrara una excelente excusa para realizar un nuevo locaut en el veto presidencial a la exención de las retenciones a los sojeros bonaerenses.
La iniciativa, que apunta a modificar la actual ley que rige desde 1948, fue elaborada por la Comisión de Agricultura y Ganadería, y está basada en una propuesta de la Federación Agraria y el diputado del SI, Eduardo Macaluse.
Este proyecto provocó el rechazo de las bancadas funcionales a la Mesa de Enlace, fundamentalmente las del PJ disidente, la UCR y el PRO, que se unieron a la hora de argumentar que no se trata de una medida prioritaria para el sector agropecuario.
Vale reseñar que el proyecto establece límites a los arrendamientos para evitar la concentración de campos, al tiempo que alienta la rotación de cultivos para desestimar el monocultivo y la protección de los trabajadores rurales.
Aunque se trata de una reivindicación histórica de la FAA, la conducción de esta organización no aparece muy entusiasmada con la iniciativa. Queda claro que una actitud en tal sentido podría crear rispideces, especialmente con sus socios de la Mesa de Enlace, pero también que un debate profundo de la iniciativa contribuiría a exhibir con claridad cuál es el verdadero perfil productivo generado a raíz de la expansión de la frontera de la soja.
La pregunta clave sigue siendo: ¿a quién beneficia y a quién perjudica la actual ley de arrendamientos?
El setenta por ciento de los campos ubicados en la pampa húmeda están arrendados mayoritariamente, sus propietarios los alquilan a pooles de siembra. El negocio es formidable y les permite a estos abnegados hombres de campo obtener una rentabilidad nunca inferior al cincuenta por ciento de lo producido, todo esto sin mover un dedo, es decir, sin trabajar (Ver Un negocio redondo).
Así las cosas, el negocio sigue siendo tentador aunque, en caso de convertirse en ley, el proyecto de arrendamiento podría obstruir la expansión de la frontera sojera.
De todas maneras, el precio internacional de la soja continúa en alza y, en este marco, entre la cosecha 2009 y 2010 se puede hablar de un volumen de rentabilidad de alrededor de 25.600 millones de dólares, de los que el negocio sojero deberá descontar el 35 por ciento de los derechos de exportación, esto es, unos 8.900 millones de dólares. Esto también explica por qué las organizaciones de la Mesa de Enlace mostraron más énfasis a la hora de rechazar la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que a la de alentar el tratamiento de la ley de arrendamiento.
Clink, caja
El argumento descalificador y ligero de la massmedia y la derecha política señala que el caso de los derechos de exportación no es, ni más ni menos, que otra “estratagema de los Kirchner para hacer caja”. De este modo, se presenta a Cristina Fernández y al ex presidente Kirchner, como una especie de megalómanos que lisa, llanamente y con singular voracidad se roban el producto del trabajo, en este caso, «del campo».
Pero más allá de la fábula, la realidad siempre es más concreta. Las retenciones se aplican sobre la renta de ganancias extraordinarias del sector agroexportador en un escenario de demanda internacional sostenida.
Estos derechos de exportación protegen el mercado interno -lo que comemos los argentinos- de los vaivenes de los precios internacionales, pero también facilitan el ingreso de dólares al Estado. Entre otras cosas, es con esta moneda dura con la que nuestro país enfrentó los vencimientos de la reprogramación del canje y servicios de la deuda, lo que le otorgó un interesante margen de autonomía. Asimismo, le permitió al Estado la posibilidad de establecer estrategias de sustentabilidad monetaria y fiscal, esto es, ayudó a que el Banco Central maneje el tipo de cambio.
Pero además de poder manejar esta ecuación fiscal, facilita la obtención de excedentes, algo indispensable para expandir la inversión. Puede estarse de acuerdo o no con el grado de profundidad alcanzado por estas políticas, pero no se puede negar que esta situación impactó favorablemente, entre otros aspectos, en el sistema previsional, la inversión pública y social o en el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a educación, ciencia y tecnología. Un dato elocuente es aquel que señala que los puntos del Producto Bruto Nacional que se lleva la educación crecieron de dos a seis durante los últimos años, esto es, el mismo porcentaje, pero inversamente proporcional, que registró la disminución de los servicios de deuda externa en el mismo período.
Táctica eficiente
Tal como ocurre durante estos días en el debate parlamentario que se da en torno al proyecto de Ley de servicios audiovisuales, hace menos de un mes cuando se debatió en torno a la delegación de facultades, la derecha política ocultó sus verdaderos propósitos e intentó disimularlos con argumentos sumamente pedestres.
La táctica es eficiente. Alarmar a una sociedad proclive a obnubilarse con los rayos catódicos con eso de que «los Kirchner quieren seguir haciendo caja», y la intención de favorecer el repliegue del Estado y dar vía libre al mercado y la voracidad de los agroexportadores. Lo que la derecha no dice es que la propuesta que subyace en su discurso no es otra que la de que se ponga en marcha un programa de ajuste fiscal, algo que siempre afecta a los sectores populares, pero que, en el actual marco de recesión mundial, también sería absolutamente letal para la economía argentina.
Así son las cosas. Más allá de las renovadas bravuconadas del inefable De Angeli y las manifestaciones protagonizadas por agroexportadores y rentistas que después de mucho tiempo aprovechan para subirse a un tractor. Más allá de los dichos de Grobocopatel y las gambetas que improvisa Buzzi para no contradecir a su patrón, el debate de fondo se sigue postergando. El gobierno nacional continúa apostando a desarticular el poder acumulado por la Mesa de Enlace, pero lo hace sin apuntar al tuétano de ese poder que reside fundamentalmente en un modelo agroexportador, basado en la extranjerización de la tierra, los pooles de siembra y el monocultivo transgénico que favorece el afianzamiento de un sistema estructurado a partir de corporaciones que necesitan, no tanto de la propiedad, como de una legislación que les garantice el libre acceso y el arbitrario uso de la tierra. Pooles de siembra que manejan el circuito productivo desde la semilla hasta el acopio y el puerto, pero también la elaboración y comercialización del producto. Grupos de capital trasnacionalizado que se asocian en la semilla transgénica y el biocombustible, como asimismo en la minería por cianurización y en el proceso que va de la implantación de bosques de especies exóticas hasta las pasteras. El agronegocio es el espacio que la globalización reserva para nuestra región y se asocia a la degradación de la calidad de aquello que comemos, algo que empieza por el feed-lot y termina en la comida chatarra. Que se impone mediante el constante bombardeo de la industria massmediática que estimula el consumo innecesario de bienes y servicios, pero también de valores y costumbres, entre ellas las alimentarias.
Sería ingenuo pensar que para estas corporaciones el negocio está en obtener la propiedad de la tierra al precio que el mercado le pone en las principales zonas productivas del país. Antes que inmovilizar su capital, prefieren reproducirlo empleándolo en el segmento de la intermediación y los servicios y, fundamentalmente, utilizando tierra ajena que con el uso de agrotóxicos y semilla genéticamente modificados está destinada a sufrir un acelerado proceso de degradación que, de esta manera, no afecta el propio patrimonio.
La cuestión pasa entonces por la capacidad de ejercer el dominio sobre el uso de la tierra, pero no para ampliar o democratizar el modelo de monocultivo transgénico, sino para reformularlo poniendo la tierra al servicio de las economías regionales, la familia campesina y la soberanía alimentaria.
Un negocio redondo
“Que le v’ser mi hijo, habrá que seguir para no perder lo poco que todavía nos queda”. Un hombre entrado en años vestido como para una pintura de Molina Campos, se convierte en el protagonista casi excluyente de una desgarradora escena que tiene como telón de fondo a la fachada del Congreso de la Nación, donde algunos más jóvenes que él usan sombreros a lo Cocodrilo Dundee y forcejean con unos policías que tratan de evitar que derriben una valla. Adentro, explica el notero de TN, los legisladores oficialistas, acaban de dar sanción favorable al proyecto que le da superpoderes a los Kirchner, al menos, por un año más.
El lamento de «la gente de campo», sufrida, ahora más que nunca, vuelve a multiplicarse en miles de pantallas desde donde nos dicen que no podemos hacer otra cosa que hablar de eso, porque sus padecimientos son los nuestros. Aunque no quede muy claro sobre qué se está hablando, no hay dudas de que el problema son las retenciones sobre la soja, «un mecanismo confiscador que el gobierno usa para hacer caja».
¿Pero les va tan mal? Lo cierto es que, mientras los rentistas agrarios lloran como si tuvieran que vivir con la jubilación mínima, la soja sigue subiendo en el mercado de Chicago y el temor de que la producción de oleaginosas en la República Popular China e India se vea limitada por la falta de lluvias, impulsan los futuros de la soja, lo que hace prever un horizonte floreciente, por lo menos, en el corto y mediano plazo.
En este marco, se prevé que la temporada 2009/10 brindará una cosecha de aproximadamente cincuenta millones toneladas de soja que, al precio del cierre de esta edición es como 400 dólares la tonelada, significa algo así como veinte mil millones.
En la pampa húmeda, una producción promedio es de 200 hectáreas, lo que da unas 700 toneladas de soja. Descontados los gastos y las retenciones que el exportador traslada al productor, la rentabilidad por hectárea es de un poco más de 400 dólares y, con la base de 200 hectáreas, debe hablarse de una cosecha de 82.500 dólares. Dos cosechas anuales, entregan una rentabilidad limpia de todo gasto de 165.000 dólares, si usted va hoy a la casa de cambio, le dirán que ganó algo así como 43.000 pesos mensuales. Claro, si su decisión fue arrendar el campo y esperar, percibirá una suma mensual de sólo 21.500 pesos. En tal caso, usted decide.
Cuando el gasto es inversión
El titular de Coninagro, Carlos Garetto, fue claro a la hora de explicar de qué manera se viabilizaría la eliminación de las retenciones. “No hay que recaudar más, sino gastar menos”, afirmó el ruralista. La opinión, lejos de ser original, se suma a la pléyade de economistas y propagandistas del neoliberalismo que durante los últimos meses la industria massmediática amplificó hasta el hartazgo.
Los fogoneros de la restauración neoliberal argumentan que durante los últimos años el gasto público trepó del 23 al 32 por ciento del PBI. Los pregoneros de la derecha se multiplican en las pantallas televisivas, ocupan títulos en los diarios e invaden el espacio radiofónico para alarmar sobre tal despilfarro.
Pero no explican por qué los países -o economías como les gusta decir a ellos- que siempre ponen como ejemplo, destinan un porcentaje mayor de sus respectivos PBI a este ítem. Tratemos de ver un poco: EE.UU. y Japón emplean el 35 por ciento, el Reino Unido de Gran Bretaña el 39, Alemania el 47 y Francia el 54.
El punto es que desde esta lógica, cualquier regulación estatal es considerada como gasto y no como inversión. Claro está que quedan eximidas medidas tales como aquellas por las que, por medio aportes directos o indirectos del Estado, los argentinos destinamos 21.739 millones de pesos al sector durante los últimos quince meses.
Números que hablan
21.739 millones de pesos es el total de los beneficios que el sector agropecuario recibió del Estado desde abril de 2008 en concepto de programas de estímulo, reducción de gravámenes, recursos para áreas específicas, subsidios y créditos subsidiados.
47 medidas fueron las destinadas a favorecer al sector en los últimos quince meses.
1010 millones de pesos, suma la desgravación impositiva que recibieron los ruralistas.
9373 millones de pesos percibieron en concepto de transferencias.
5953 millones de pesos fue lo entregado por el Ejecutivo por subsidio de tasas de interés.
5 por ciento se redujeron los derechos de exportación del trigo y cinco por ciento los del maíz. Esto a un costo fiscal de 550 millones de pesos. Lo que implicó 160 millones de pesos menos para el fisco.
300 millones de pesos es el costo fiscal que trajo aparejada la eliminación de las retenciones a la exportación de leche en polvo.
285 millones de pesos, aportó el Estado para asistir en forma directa a los productores afectados por la sequía en 2008 en las nueve provincias afectadas.
12 millones es lo que dispuso para atender a los perjudicados por granizo, heladas y exceso de lluvias.
1700 millones de pesos se sumaron en 2009 con la declaración de la emergencia agropecuaria.
505 millones de pesos fueron destinados a dotar de fondos para la Ley Algodonera, cuyos beneficios alcanzan a 23 mil productores. A esto se suman 2.000 por la Ley Forestal, 30.000 por la Ley Nacional del Tabaco, el Plan Frutihortícola Nacional y la Ley Ovina.
2230 millones de pesos recibieron Misiones, Mendoza, San Juan, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán en el marco del Fondo de Promoción de Economías Regionales. Esta suma es destinada a compensar la rebaja del cincuenta por ciento de las retenciones a la exportación, con que se premia a los productores que incrementen su productividad.
560 millones de pesos fueron destinados a tamberos. De ellos, 300 millones corresponden al subsidio de diez centavos por litro a los productores de menos de 3000 litros diarios. Luego se sumaron 60 millones más para los más pequeños. Y hace seis meses, otros 200 millones de pesos para cría de terneros machos overos de tambo.
10.000 productores ganaderos fueron beneficiados con 223 millones de pesos en 2008 y 135 millones este año por Plan Ganadero Nacional del Inta. Y 400 millones de pesos fueron destinados para el estímulo a la producción de novillos pesados.
7213 millones de pesos en créditos con tasas subsidiadas del Banco Nación para siembra, cosecha, prefinanciación de exportaciones y compra de maquinaria agrícola fueron para el sector que, además, se quedó con el sesenta por ciento de los créditos a pymes.
402 millones de pesos destinó desde su creación la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar mediante sus programas para el sector.
1080 millones de pesos solicitados por el Estado al Banco Mundial se destinaron al sector agropecuario.
1505 millones de pesos en concepto de subsidio al gasoil, fueron empleados al transporte de carga para el agro.
1280 millones de pesos fueron agregados por el Tesoro a los presupuestos del Inta y Senasa para facilitar la atención al sector en todo el país.
